Banco de atunes. Foto: Jordi Chias
Un estudio realizado por la Fundación Marilles, titulado ‘La pesca ilegal en las islas Baleares’, revela que la pesca furtiva es un fenómeno muy extendido en el archipiélago y que los pescadores ilegales pueden llegar a facturar alrededor de 3.000 euros al mes, por lo que pagar las posibles multas que les pueden poner les sale a cuenta. Este informe, en cuya elaboración también han participado Mallorca Preservation, Ibiza Preservation, Menorca Preservation, Conservation Collective y Blue Marine, también subraya la existencia de grupos organizados que se dedican a vender pescado ilegalmente y que emplean sistemas de aviso para evitar ser interceptados por inspectores de pesca.
Según Marilles, el furtivismo se intensifica en verano, cuando abren restaurantes de pescado en primera línea de mar de los municipios más visitados y con un turismo de alto poder adquisitivo. También se ha detectado venta a particulares directos, en especial en segundas residencias de Ibiza, y a embarcaciones fondeadas. La investigación apunta a la existencia de grandes pescadores furtivos que actúan como profesionales acumulando grandes cantidades de pescado que venden de manera fija a particulares o restaurantes. Según los inspectores, las sondas han mejorado increíblemente sus capturas, y su operativo va dirigido a especies concretas de alto valor comercial. Entre las especies que más se comercializan a través de este mercado negro figuran la sirvia, el gallo de San Pedro, el dentón, el cabracho, el mero, la corvina, el atún y el calamar.
El informe explica que el modus operandi de los furtivos suele ser el siguiente: salen a la captura de especies y cuando regresan a puerto envían un mensaje de WhatsApp a sus clientes con las capturas del día. Pactan un precio y en tierra hacen la transacción. Algunos de estos pescadores ilegales son submarinistas que incluso acceden a reservas marinas. Además, profesionales de la vigilancia pesquera coinciden en señalar que estos pescadores tienen controlados los horarios de los inspectores de pesca y de los guardas de las reservas marinas. Casi nunca van solos y tienen escondites dentro de la barca para ocultar el pescado, así como informadores en los puertos para alertarse entre ellos si detectan inspectores. Además, la facilidad con la que se pueden tirar las capturas por la borda cuando se acerca una barca de inspección aumenta la impunidad.
El estudio señala que un 57 por ciento de los restaurantes contactados aseguran que les han ofrecido pescado no regulado y el 53% sabe de otros establecimientos que sí lo adquieren. Por lo general, se lo ofrecen pescadores recreativos, pero también pescadores profesionales.
Las entidades subrayan que hay muchas barreras, legales, sociales y económicas, que dificultan el trabajo de vigilancia por parte de los inspectores y las fuerzas de seguridad, y que los recursos actuales no son suficientes para atajar este problema y hacer cumplir con la normativa existente, tanto en tierra como en mar.
En este sentido, apuntan a un problema de responsabilidad compartida, puesto que la mayoría de consultados conoce casos de infracciones por parte de individuos, restaurantes y hoteles, pero nunca han actuado al respecto. En este sentido, lamentan que es un problema que todo el mundo conoce, pero del cual nadie habla. Como ejemplo del peso de este mercado negro, subrayan que en Menorca se estima que siete de cada diez langostas que se consumen allí proceden del mercado negro.
Para el director de la Fundación Marilles, Aniol Esteban, la pesca y venta ilegal de producto pesquero “representa una hemorragia de dinero y puestos de trabajo para la economía que hay que frenar urgentemente. Es un problema que debilita al sector pesquero profesional y recreativo; daña las oportunidades de recreo de submarinistas y bañistas y la actividad económica asociada a ellos, y destroza la imagen de una región que quiere ser modelo de sostenibilidad”.
Otro impacto sobre el mar balear es la pesca recreativa de subsistencia que vende captura como complemento de salario y para llegar a fin de mes. En la pesca profesional de arrastre, las infracciones más comunes son el exceso de potencia motora y la entrada en zonas prohibidas. En cuanto a la pesca de artes menores, se sospecha que comercializa el 50 por ciento de sus capturas de manera ilegal porque las cifras declaradas son muy inferiores a lo esperable.
En cuanto a la pesca recreativa, se calcula que captura en torno a 1.200 toneladas al año, casi la mitad de la pesca declarada por los profesionales. De esta cantidad, se desconoce cuánto termina en el mercado negro, ya que se calcula que en las islas existen en torno a un centenar de grandes pescadores furtivos que salen asiduamente el mar para pescar y vender el pescado después.
El estudio pone como ejemplo la marca Peix Nostrum de las Cofradías de Ibiza, como garantía de que el pescado es local y tiene una procedencia legal.
