Ports de les Illes Balears, el ente público responsable de las competencias y funciones ejecutivas del puerto de Sant Antoni, reconoce por escrito en un documento los impactos ambientales y las molestias generadas por el tráfico comercial de ferris en la bahía de Portmany y manifiesta que la presencia de estas embarcaciones de gran tonelaje es incompatible con un turismo de calidad en este entorno. Además, afirma que el puerto de Ibiza es suficiente para atender el tráfico de mercancías y pasajeros en la isla.
La iniciativa Salvem Sa Badia de Portmany ha tenido acceso al documento del Consejo de Administración de Ports IB, rubricado por el vicepresidente de la entidad el 20 de febrero de 2019, en el que se establecía una moratoria aún vigente del tráfico comercial en el puerto de Sant Antoni hasta el final de este año 2020 o hasta la aprobación del Plan General de Puerto de Balears, que determinará los usos futuros de la bahía de Sant Antoni. Este acuerdo fue ratificado por el Consell de Govern de la comunidad autónoma balear el 27 de febrero de 2019.
Dicho documento afirma literalmente que “los vehículos y las mercancías que desembarcan en el puerto de Sant Antoni de Portmany vienen produciendo impactos negativos en la zona costera y en la calidad ambiental, molestias a los visitantes y residentes de este importante núcleo turístico y, de manera especial, congestiones de tráfico motivadas por una deficiente interconexión con la red viaria local”.
También añade que “la presencia de naves de gran tonelaje resulta cada vez más incompatible con una concepción de la bahía de Sant Antoni como un espacio idóneo para un turismo de calidad, que muestra una preferencia por los servicios náuticos y por un entorno bien conservado y tranquilo”.
Ports IB también manifiesta de forma rotunda que el cierre del puerto de Sant Antoni a los ferris no tiene importantes consecuencias para las compañías, que disponen de mejores instalaciones en el puerto de Eivissa capital: “Hay que tener en cuenta, además, que estas naves disponen de otro puerto comercial en la isla que cuenta con instalaciones más adecuadas, sin que eso suponga inconvenientes graves para empresas y pasajeros”, señala el documento.
El acuerdo del Consejo de Administración de Ports IB también faculta al vicepresidente de esta entidad para impulsar las evaluaciones que sean necesarias con el fin de determinar, si procede, la suspensión o la ampliación de la moratoria.
Este documento constituye un reconocimiento tácito a los argumentos que sostiene la iniciativa Salvem Sa Badia de Portmany sobre los inconvenientes que genera el tráfico de ferris en el puerto de Sant Antoni, en cuanto a las consecuencias medioambientales, los inconvenientes para el turismo y las molestias que supone para los residentes en cuanto al tráfico de vehículos.
A estos argumentos cabe añadir también que, como ha quedado demostrado en los distintos estudios realizados por Salvem Sa Badia de Portmany, el cierre comercial del puerto no ha representado una reducción en el número de turistas que pernoctan en Sant Antoni y el entorno de la bahía, ni tampoco en el número total de viajeros que llegan a la isla por vía marítima. En ambos casos, las cifras de 2019, año en que ya no había servicio de ferris en Sant Antoni, fueron más elevadas que en las temporadas anteriores.
